La Autodefensa

Por. Sergio Varela – Editado por Abogado Rodrigo Logan

¿ES UN DERECHO QUE SE EJERCE O UN ERROR QUE SE COMETE?

La autodefensa, es un concepto ampliamente recurrido y que se da por conocido cuando las personas tienen un problema, ya sea de carácter legal o administrativo, siendo en el primero de los casos donde por lo general se quiere evitar el exceso de costo que conlleva una asesoría y/o patrocinio de abogado. He diferenciado ambos términos para separar los momentos y el grado de responsabilidad con que debe intervenir el profesional.

Toda persona afectada, por un hecho o acto, que considera injusto o ilegal, se enfrenta a la gran disyuntiva de la capacidad económica y el tiempo de que dispone para enfrentarlo. Lo que en lo general se espera, es un largo proceso o peregrinar de instituciones, según sea el caso legal o administrativo. Otro temor de la persona común, aún cuando tiene preparación profesional, es el de no manejar los procedimientos, las palabras ni las herramientas adecuadamente.

A pesar de todo lo anterior, hay personas que son decididas y toman la resolución de enfrentar el problema con sus conocimientos, medios y herramientas que tiene o acrecentándolos y preparándose con mayores antecedentes para alcanzar la meta de hacer valer sus derechos.

En nuestro análisis debemos poner en la balanza en un lado, al concepto que se tiene de autodefensa y por el otro lado al derecho de “La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos”, esto último garantizado por la CPR en su artículo 19 No. 3

Fuentes del Derecho para el análisis.

  • El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 14º, numeral 3 letra d.-, se establece el principio de igualdad en el desarrollo de un proceso, indicándose el siguiente derecho de las personas: “A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por un defensor de su elección; a ser informada, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre un defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de medios suficientes para pagarlo.
  • La Convención Americana de DD.HH., en su Art. 8º, referido a las garantías judiciales, en su letra d), indica el Derecho del inculpado de defenderse personalmente o ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor.
  • Art. 6º, Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, y garantizar el orden institucional de la República. Los preceptos de esta Constitución obligan tanto a titulares o integrantes de dichos órganos como a toda persona, institución o grupo. La infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley.
  • Art. 19º No. 2, La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley. Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias
  • CPR Art. 19º No. 3, donde se asegura la igualdad de protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, en lo más específico se establece que toda persona tiene derecho a defensa jurídica. En su inciso tercero asegura que la ley arbitrará los medios para otorgar asesoramiento y defensa jurídica a quienes no puedan procurárselos por si mismo, además en su inciso quinto afirma que corresponde al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos.
  • CPR Art. 19 No. 14, donde se consagra el derecho de presentar peticiones a la autoridad, sobre cualquier asunto de interés público o privado, sin otra limitación que la de proceder en términos respetuosos y convenientes.
  • Código de Procedimiento Civil, Libro primero, título XII, en sus artículos 129 al 137, donde regula el Privilegio de Pobreza. En su artículo 189, inciso cuarto indica que hay procedimientos, sin especificar cuales, en que las partes no tienen la calidad de letrados, dejando abierta la posibilidad de autodefensa en esta instancia.
  • Código Orgánico de Tribunales, en su art.591 al 602, se refiere a la Asistencia Judicial y del Privilegio de Pobreza, además del abogado de Turno, lo que copulativamente con lo normado en el Código de Procedimiento Civil, materializan la posibilidad de defensa para las personas mas desposeídas en los diferentes ámbitos del derecho.
  • CODIGO del Trabajo, en el Art. 425, se estipula que, los procedimientos del trabajo serán orales, públicos y concentrados. Primarán en ellos los principios de la inmediación, impulso procesal de oficio, celeridad, buena fe, bilateralidad de la audiencia y gratuidad. Todas las actuaciones procesales serán orales, salvo las excepciones expresamente contenidas en esta ley
    En su Art. 431, norma que en las causas laborales, toda actuación, trámite o diligencia del juicio, realizada por funcionarios del tribunal será gratuita para las partes. El encargado de la gestión administrativa del tribunal será responsable de la estricta observancia tanto de esta gratuidad como del oportuno cumplimiento de las diligencias. Las partes que gocen de privilegio de pobreza tendrán derecho a defensa letrada gratuita por parte de las respectivas Corporaciones de Asistencia Judicial o, en su defecto, por un abogado de turno, o del sistema de defensa gratuita que disponga la ley. Asimismo, tendrán derecho, a que todas las actuaciones en que deban intervenir auxiliares de la administración de justicia se cumplan oportuna y gratuitamente. Las defensas orales sólo podrán ser efectuadas por abogados habilitados.
    En el Art. 434, la norma indica que, las partes deberán comparecer con patrocinio de abogado y representadas por persona legalmente habilitada para actuar en juicio. El mandato judicial y el patrocinio constituido en el Tribunal de Letras del Trabajo, se entenderá constituido para toda la prosecución del juicio en el Tribunal de Cobranza Laboral y Previsional, a menos que exista constancia en contrario.
  • LEY 17.995 y 18.632, que crean las Corporaciones de Asistencia Judicial, derivadas de los servicios de Asistencia Jurídicas del Colegio de Abogados la primera y que crea la Corporación de Asistencia Judicial para las Regiones de Tarapacá y Antofagasta la segunda, dando forma al derecho de defensa de las personas más desvalidas por parte del Estado y que anteriormente la actividad la realizaba el Colegio de Abogados.
  • LEY 18.101, de arrendamiento, 8º en su numeral 10º en que indica que las partes podrán comparecer y defenderse personalmente, en primera instancia, en los juicios cuya renta vigente (valor del arriendo), al tiempo de interponer la demanda no sea superior a cuatro UTM. (aprox. $186.000)
  • LEY 18.120, que establece normas sobre comparecencia en juicio, en su art. 2º donde determina que Ninguna persona, salvo en los casos de excepción contemplados en este artículo, o cuando la ley exija la intervención personal de la parte, ésta podrá comparecer representada por un abogado habilitado, por procurador del número, por estudiante de derecho actualmente inscrito en tercero, cuarto o quinto año de las Escuelas de Derecho de las Facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales de alguna de  las universidades autorizadas, o por egresados de esas mismas escuelas hasta tres años después de haber rendido los exámenes correspondientes. En otro inciso asevera que las Corporaciones de Asistencia Judicial podrán designar como mandatario a los egresados de las Escuelas de Derecho. En su tercer inciso, el antes mencionado artículo, permite que para la iniciación y secuela del juicio podrá, sin embargo, solicitarse autorización para comparecer y defenderse personalmente. El juez podrá concederla  atendida la naturaleza y cuantía del litigio o las circunstancias que se hicieren valer, sin perjuicio de exigir la intervención de abogados, siempre que la corrección del procedimiento así lo aconsejare.
  • Ley 18.287, Establece Procedimiento ante los Juzgados de Policía Local, en su 7° indica que en los casos de demanda, denuncia de particulares o querella, el Tribunal la mandará poner en conocimiento del demandado, denunciado o querellado y, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 9°, fijará día y hora para la celebración de una audiencia de contestación y prueba, a la que las partes deberán concurrir con todos sus medios de prueba y que se celebrará con las partes que asistan. Las partes podrán comparecer personalmente o representadas en forma legal. En los juicios en que se litiga sobre regulación de daños y perjuicios de cuantía superior a cuatro unidades tributarias mensuales  ($168.000) se deberá comparecer patrocinado por un abogado habilitado para el  ejercicio profesional y constituir mandato judicial.
  • LEY 18.695,O.C DE MUNICIPALIDADES, en su Art. 4º establece que, las municipalidades, en el ámbito de su territorio, podrán desarrollar, directamente  o con otros órganos de la Administración del Estado, funciones relacionadas con: a) La educación y la cultura; b) La salud pública y la protección del medio ambiente; c) La asistencia social y jurídica;
    En su Título Final, encontramos el  Art. 151, que indica que, los reclamos que se interpongan en contra de las resoluciones u omisiones ilegales de la municipalidad se sujetarán a las reglas siguientes:
    a) Cualquier particular podrá reclamar ante el alcalde contra sus resoluciones u  omisiones o las de sus funcionarios, que estime ilegales, cuando éstas afecten el interés general de la comuna. Este reclamo deberá entablarse dentro del plazo de treinta días, contado desde la fecha de publicación del acto impugnado, tratándose de resoluciones, o desde el requerimiento de las omisiones;
    b) El mismo reclamo podrán entablar ante el alcalde los particulares agraviados por toda resolución u omisión de funcionarios, que estimen ilegales, dentro del plazo señalado en la letra anterior, contado desde  la notificación administrativa de la resolución reclamada o desde el requerimiento, en el caso de las omisiones;
    c) Se considerará rechazado el reclamo si el alcalde no se pronunciare dentro del término de quince días, contado desde la fecha de su recepción en la municipalidad;
    d) Rechazado el reclamo en la forma señalada en la letra anterior o por resolución fundada del alcalde, el afectado podrá reclamar, dentro del plazo de quince días, ante la corte de apelaciones respectiva. El plazo señalado en el inciso anterior se contará, según corresponda, desde el vencimiento del término indicado en la letra c) precedente, hecho que deberá certificar el secretario municipal, o desde la notificación que éste hará de la resolución del alcalde que rechace el reclamo, personalmente o por cédula dejada en el domicilio del reclamante. El reclamante señalará en su escrito, con precisión, el acto u omisión objeto del reclamo, la norma legal que se supone infringida, la forma como se ha producido la infracción y, finalmente, cuando procediere, las razones por las cuales el acto u omisión le perjudican;
    e) La corte podrá decretar orden de no innovar cuando la ejecución del acto impugnado le produzca un daño irreparable al recurrente;
    f) La corte dará traslado al alcalde por el término de diez días. Evacuado el traslado o teniéndosele por evacuado en rebeldía, la corte podrá abrir un término de prueba, si así lo estima necesario, el que se regirá por las reglas de los incidentes que contempla el Código de Procedimiento Civil;
    g) Vencido el término de prueba, se remitirán los autos al fiscal judicial para su informe y a continuación se ordenará traer los autos en relación. La vista de esta causa gozará de preferencia;
    h) La corte, en su sentencia, si da lugar al reclamo, decidirá u ordenará, según sea procedente, la anulación total o parcial del acto impugnado; la dictación de la resolución que corresponda para subsanar la omisión o reemplazar la resolución anulada; la declaración del derecho a los perjuicios, cuando se hubieren solicitado, y el envío de los antecedentes al Ministerio  Público, cuando estimare que la infracción pudiere ser constitutiva de delito, e
    i) Cuando se hubiere dado lugar al reclamo, el interesado podrá presentarse a los tribunales ordinarios de justicia para demandar, conforme a las  reglas del juicio sumario, la indemnización de los perjuicios que procedieren y ante el Ministerio Público, la investigación criminal que correspondiere. En ambos casos, no podrá discutirse la ilegalidad ya declarada.
  • LEY 19.880, Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, en su Art. 22º Apoderados. Los interesados podrán actuar por medio de apoderados, entendiéndose que éstos tienen todas las facultades necesarias para la consecución del acto administrativo, salvo manifestación expresa en contrario. El poder deberá constar en escritura pública o documento privado suscrito ante notario. Se requerirá siempre de escritura pública cuando el acto administrativo de que se trate produzca efectos que exijan esa solemnidad.

ANÁLISIS LEGAL:

Al analizar las fuentes internacionales podemos rescatar que tanto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, como la Convención Interamericana de DD.HH., conocida también como el Pacto de San José, se tratan el tema del derecho  a defenderse personalmente, o ser asistido por un defensor, siendo obligatorio que se le nombre uno si carece de los medios necesarios para pagarlo. Lo interesante de este análisis es destacar que el concepto de defenderse personalmente no está contemplado en nuestra Constitución, solo en algunas restringidas normas de nuestra legislación, significando que Chile no estaría cumpliendo al no otorgar la amplia libertad de opción, de la persona, para ejercer el derecho de autodefensa. Los otros derechos como a la defensa y a tener un juicio justo y otras garantías judiciales nuestra Carta Magna si los considera.

En Nuestra Constitución Política, en su Art. 6º, indica que los preceptos de ésta obligan a los organismos del Estado y a toda persona , institución o grupo. De lo que podemos deferir que no puede haber indiferencia ni ligereza en la observación de las normas, en especial por parte de los que son integrantes del aparataje estatal que garantizan el orden institucional de la República. Este razonamiento nos debe llevar al porqué en la restricción de la autodefensa, ya que pone en una posición disminuida a la persona cuando se enfrenta al aparataje administrativo del Estado, a personas o instituciones privadas, todas ellas que por su capacidad económica u organizacional quedarán en una excesiva ventaja, si los representa un profesional del derecho. Entonces no habría igualdad ante la ley, ni la debida igualdad de protección en el ejercicio de los derechos del más débil, esto sería un incumplimiento de la obligación constitucional que les impone la Constitución misma.

Esta misma Carta Magna, considera en su Art. 19º No. 2 que, “ni la ley ni Autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias”, lo que nos lleva a pensar que el enfrentamiento entre un particular cualquiera, en un litigio, contra una contraparte representada por un Abogado, sería claramente una diferencia arbitraria. Aquí nuevamente la Autoridad estaría en incumplimiento de una norma Constitucional.

La Constitución Política de la República, asegura a todas las personas, en el inciso quinto del numeral tercero del artículo 19, que toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado y confiere al legislador la misión de establecer siempre las garantías de un procedimiento racional y justo. En cuanto a los aspectos que comprende el derecho del debido proceso, no existe discrepancia que, a lo menos, lo conforman el derecho de ser oído, de presentar pruebas para demostrar las pretensiones de las partes, el que la decisión sea razonada y la posibilidad de recurrir en su contra siempre que se la estime agraviante. Dicho lo anterior, podemos deducir que se tiene la posibilidad para actuar defendiéndose a si mismo, pero la pregunta que cabe ahora es, ¿el procedimiento sería racional y justo si se enfrenta un profesional del derecho con una persona que no sabe ni conoce del tema?, creo que no se aseguraría este derecho.

En su artículo 9º numeral 14, la CPR permite hacer las peticiones a la autoridad competente, en este caso podría ser al juez de una causa en litigio, a un Alcalde u otra autoridad administrativa, de cualquier rango, la Constitución no distingue a quién se le pedirá, por medio del escrito, la autorización para comparecer y/o defenderse personalmente. La única limitación es que se haga en términos respetuosos y convenientes.

El Código de Procedimiento Civil en sus artículos 129 al 137, dicta las normas para solicitar el privilegio de pobreza, haciendo realidad, por medio de una sentencia judicial previa, la posibilidad de defenderse a las personas mas desvalidas económicamente. Si a lo dispuesto por este Código, se le agrega lo normado por las leyes 17.995 y 18.632, podemos establecer que el Estado tiene instituciones que permiten el derecho a defensa jurídica y el asesoramiento necesario a personas que no pueden procurárselo por si mismo. Por otra parte en la instancia en que se aplique el Recurso de Apelación, el art. 189 de este Código permite la participación de las partes no letradas que litiguen personalmente, otra demostración de que existe una posibilidad de autodefensa, pero en el caso del artículo en mención no establece limitaciones de montos ni de otra clase.

En la ley 18.101, de arrendamiento, en su Art. 8º, numeral 10º, permite que las partes comparezcan y se defiendan personalmente, en primera instancia, en los juicios cuya renta vigente , al tiempo de interponer la demanda no sea superior a cuatro UTM (aprox. $186.000 en la actualidad), esto es un límite bastante bajo, y por cierto está destinado a personas de bajo ingresos que sus arriendos tienen estos costos. Lo que no parece bien en esta limitación económica es que actualmente una familia que tiene por ingresos un suma aprox. de $700.000 es posible que arriende por una suma mayor y que no le corresponde la defensoría de una CAJ por tener ingresos mayores a $360.000, lo que nos lleva a preguntarnos como pueden enfrentar el dilema, ya que seguramente tendrán que recurrir al endeudamiento bancario para solucionar su problema, ¿será justo?, ¿son realmente solventes o de ingresos medios?, claramente no, situación que el Legislador deberá regular a futuro, o quizás si se presenta la oportunidad plantearlo al juzgado para que se le conceda el Privilegio de Pobreza, quedando sujetos al buen criterio del Magistrado.

El razonamiento anterior cabe también para la ley 18.287, que establece los Procedimientos ante los Juzgados de Policía Local, donde se puede comparecer personalmente, salvo en los juicios que se litiga sobre regulación de daños y perjuicios superior a la cuatro UTM, donde norma que se debe comparecer patrocinado por un abogado habilitado para el ejercicio profesional y constituir mandato.

Del art. 2º de la ley No. 18.120  que establece normas sobre comparecencia en juicio, podemos deducir que es factible la solicitud al juez para que autorice la comparecencia y defensa personal, la que indudablemente se presenta en un solo escrito buscando ambas pretensiones, logrando evitar la contratación de un abogado para que por intermedio de su patrocinio y el mandato concedido sea defendido. La aceptación es difícil, el Juez teniendo las consideraciones antes expuestas, relacionadas con el derecho al juicio justo y las diferencias arbitrarias, de seguro rechazará la petición de autodefensa.

Atendiendo a lo dispuesto en el numeral tercero del artículo No.19º de la CPR, que determina la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, además de establecer que el Estado debe otorgar asesoramiento y defensa jurídica a aquellos que no pueden procurárselos a si mismos, si el juez dictaminara el rechazo de la petición de autorización, consagrada en la ley No. 18.120  que establece normas sobre comparecencia en juicio, el peticionario podrá acudir, en caso de tener dificultad económica, a la Corporación de Asistencia Judicial ya sea de la ciudad o de su Municipalidad, los que harán los trámites correspondientes. O en su defecto solicitar le sea declarado el Privilegio de Pobreza.

Respecto de la ley 18.695, en su Art. 4º, letra c) establece que, las municipalidades en el ámbito de su territorio, podrán desarrollar, directamente o con otros órganos de la Administración del Estado diversas funciones entre otras la Asistencia Social y Jurídica, quiero destacar la palabra podrán ya que la norma no obliga a entregar este servicio de Asistencia jurídica a las Municipalidades.

En su Título Final se presentan dos diferentes oportunidades de autodefensa, la primera es respecto al procedimiento netamente administrativo para los reclamos ante el alcalde, por resoluciones u omisiones de el mismo o por resoluciones u omisiones de funcionarios de la municipalidad. La segunda oportunidad de autodefensa se da ante el rechazo del reclamo por parte del alcalde, el afectado podrá reclamar, dentro del plazo de quince días ante la Corte de Apelaciones respectiva, no especificando que deba hacerse por medio de abogado habilitado.

Finalmente, analizando la ley 19.880, encontramos en su Art. 22 a la definición de Apoderado, donde la norma indica que los interesados podrán actuar por medio de éstos para la consecución de los actos administrativos, salvo manifestación expresa en contrario, esto nos da pábulo para indicar que este es el ámbito del derecho donde más se puede desarrollar la autodefensa, siendo necesario, en la mayoría de las veces, entregar una pequeña asesoría o modelo para expresar su defensa o petición en forma correcta.

CONCLUSIONES

La autodefensa es un recurso que en nuestra legislación tiene poca presencia, su utilización se puede desarrollar con mayor intensidad en el ámbito del Derecho Administrativo, en el ámbito legal se encuentra restringida a las causas litigiosas, que tienen origen en el arriendo de inmuebles, como lo indica la ley 18.101 o que pueden ser de causas que se presenten en los Juzgados de Policía Local, ambas a su vez están limitadas en cuanto al monto máximo de cuatro UTM de lo que se litiga.

Lo curioso que en el ámbito de los Recursos de Apelación, que se lleven a las Cortes de Apelaciones respectivas, se podrá alegar por si mismo, sin la necesidad de ser letrado ni con límite de montos.

No me cabe duda de que, cuando se trata de presentarse a un Tribunal,  el cuidado de mantener un juicio correcto, que no sea arbitrario y con un procedimiento justo para ambas partes, en que tanto la defensa como la demandante sean asesorados por profesionales que saben desempeñarse en el derecho, dará la seguridad jurídica a todas las personas. Esto último es la preocupación del Estado y de la Administración de Justicia en especial, manteniendo así el orden institucional de la República.

Finalmente respecto de la pregunta que se planteó al principio de este trabajo, podemos responderla diciendo que la autodefensa se debe aplicar con cautela, en ámbitos en que exista equilibrio de partes que están litigando o peticionando, de lo contrario se convertirá en vez de la aplicación de u derecho en un gran error, que le puede costar perdidas importantes. Siempre será conveniente recibir la asesoría jurídica y legal, ésta será de gran valor para decidir si es conveniente o posible tomar la autodefensa. No hay que olvidar que la posibilidad de acudir a una asesoría de este tipo es factible aún si se tiene pocos recursos, en las Corporaciones de Asistencia Judicial podrán satisfacer aunque sea un mínimo su necesidad de consejos legales. Aquellos que puedan económicamente conseguir la asesoría legal, deben buscarla, siempre encontrarán abogados dispuestos a ayudar con un bajo costo o con facilidades, esto es mejor que perder a veces todo el esfuerzo de una vida por una mala decisión.

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